Urge ejecutar la estrategia coordinada de seguridad entre Yucatán y las fuerzas federales.

El tema a punto de escalar a la vía diplomática con Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos

Ciudad de Mérida a 20 de enero de 2025.-

El caso del hotel Mayaland se volvió un tema de seguridad pública e interés nacional, con el compromiso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo de colaborar con el Gobierno de Yucatán, a través de una estrategia coordinada tendiente a restablecer la seguridad pública en Chichen Itzá.

El abogado del caso Mayaland, Gerardo Ostos Rincón Gallardo, urgió a la ejecución inmediata de la estrategia coordinada de seguridad, entre el Estado de Yucatán y las fuerzas federales, antes de que el caso escale a la vía diplomática, con la llegada de Donald Trump, por segunda ocasión, a la presidencia de Estados Unidos, ya que dos de los propietarios de estos hoteles son ciudadanos estadounidenses.

Al respecto indicó que el pasado 17 de enero el empresario Fernando Barbachano Herrero, propietario de los hoteles Mayaland y The Lodge de Chichén Itzá, solicitó al gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena que se dispusiera de la Guardia Nacional, con el apoyo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, a efecto de desalojar a los invasores, con el fin de facilitar una toma pacífica de la posesión material.

Puntualizó que ni la posesión ni la propiedad de los inmuebles están en litigio; pues recientemente un Tribunal Colegiado negó derecho alguno a la Inmobiliaria R4 de Rosas Moya, y la propia Fiscalía reconoció oficialmente que la posesión jurídica le corresponde a Fernando Barbachano.

“Y si la Fiscalía ya ejercitó la acción penal por el delito de despojo se debe a que quienes ocupan actualmente sin derecho los hoteles se resisten a abandonarlo y han provocado daños materiales en los inmuebles”, acentuó.

Ostos Rincón Gallardo señaló que estas personas que irrumpieron violentamente en las instalaciones del Mayaland y The Lodge at Chichén Itzá, están cometiendo también delitos en contra de la Hacienda Pública, por la evasión de impuestos, ya que no tienen la autorización legal para la operación de los hoteles.

Además, afirmó, esta situación representa un peligro inminente hacia los turistas que se hospedan creyendo que la operación es legítima.

“Desde que inició el conflicto, ninguna autoridad judicial ha concedido su operación en favor de terceros; de ahí, que la presencia de hombres armados en una propiedad privada, en donde se encuentran dos históricos hoteles, sea en efecto, una cuestión de seguridad pública y de interés nacional”, precisó.