Los integrantes de la comisión de Justicia y Seguridad Pública sostuvieron una reunión vía internet con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJY), Ricardo Ávila Heredia, para aclarar las dudas de la iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

El presidente de la comisión, Luis Borjas Romero, resaltó que esta reunión virtual ayudará ampliar las posibilidades de intercambio de ideas, observaciones y dudas para el enriquecimiento de dicho producto legislativo.

En su turno, el magistrado presidente, Ávila Heredia, detalló que ahora se encuentran en la tercera etapa de la implementación del nuevo sistema de justicia en Yucatán, la cual es denominada de juicio, “la cual es toral”, por lo que buscan establecer la figura de Tribunal Unitario (un juez), como está en el Código Nacional de Procedimientos Penales, además del ya existente Tribunal Colegiado (tres jueces), de los cuales ya se cuentan con dos en el estado, para la solución de conflictos mediante juicios orales.

Señaló, que lo que se busca es armonizar lo que establece dicha norma nacional con la local, para instaurar que los Tribunales Colegiados atiendan casos de trata de menores, tráfico de menores, trata de personas, desaparición forzada de personas, secuestro, violación en todas sus variantes, homicidio doloso y feminicidio; lo anterior, ante la pregunta del presidente de la Junta de Gobierno del Congreso estatal, Felipe Cervera Hernández (PRI).

Además, continuó, estos temas tienen mayor complejidad en su procedimiento porque requieren de mayor desahogo de pruebas, escuchar testigos, preguntas al ministerio público, a los peritos, realizar diligencias en determinados lugares, alegatos, audiencias, hasta llegar a la sentencia.

“Estos asuntos serán atendidos por tres jueces que son los casos llamados de alto impacto, que en Yucatán no son tantos, aunque lamentablemente, se presentan temas de violación, homicidio doloso y feminicidio”, recalcó.

Para la figura del Tribunal Unitario, aclaró que se atenderían temas de menor complejidad como incidentes de tránsito, robo, abuso de confianza, entre otros.

“Con estas reformas se busca mayor operatividad, es decir, atender más rápido los asuntos, para la víctima y el imputado, así como mayor eficiencia al juzgador; todo lo anterior sin que cueste un centavo para poder reorganizar este tema”, enfatizó.

De la misma manera, el consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Luis Solís Montero, explicó que en 2018 se presentaron 46 juicios, en 2019 fueron 71 juicios, en 2020 fueron 80 juicios, por lo que se existe un crecimiento sostenido de casos, ya que hasta junio de 2021 ya se manifestaron 56 juicios, lo que superará la cifra del año pasado.

“Con la reforma, se podría contar con más tribunales colegiados y unitarios”, aseveró.

En la reunión virtual, también estuvieron presentes las diputadas Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN), Janice Escobedo Salazar (PRI), Karla Franco Blanco (PRI), Mirthea Arjona Martín (PRI), y el diputado Luis Loeza Pacheco (Morena).

Para finalizar, el diputado Borjas Romero recordó que las modificaciones enviadas por el Poder Judicial también proponen la inclusión de la igualdad de género, como uno de los principios a los que se deberá apegar los tribunales; incluir una proporción relativa a que no se podrá tener más de tres miembros del mismo género en el Consejo de la Judicatura; la disminución en el número de juzgadores que integran los tribunales de enjuiciamiento en la mayoría de los asuntos, lo que permitirá a la institución contar con mayores órganos jurisdiccionales para atender las necesidades de los justiciales y abatir de manera gradual las cargas de trabajo existentes; como fue explicado anteriormente.

Asimismo, agregó, las propuestas buscan eliminar la obligación de los jueces de la ejecución de la sentencia de inspección a los centros de reinserción social en términos de la normatividad actual; y en materia de carrera judicial, se plantean nuevas categorías creadas para el nuevo sistema de justicia penal y se contempla la forma en la cual deberán sustituirse los jueces en casos de excusa o recusación.