La disputa por el control de los puertos estratégicos del Canal de Panamá ha escalado a un nuevo nivel tras el inicio de un arbitraje internacional por parte de Panama Ports Company (PPC) contra la danesa Maersk. PPC, filial del grupo hongkonés CK Hutchison, acusa a Maersk de incumplir acuerdos comerciales y de alinearse con el Gobierno panameño en un proceso que considera una “toma ilegal” de las terminales de Balboa y Cristóbal, cuya concesión fue anulada por la Corte Suprema. La empresa sostiene que esta decisión le ha generado pérdidas superiores a 2.000 millones de dólares y ha abierto un doble frente legal, tanto contra el Estado panameño como contra su nuevo competidor. Por su parte, Maersk rechaza las acusaciones y afirma que defenderá su posición en el arbitraje, mientras opera de forma transitoria las terminales para garantizar la continuidad del comercio.

El conflicto empresarial se inserta en un contexto geopolítico más amplio, marcado por las tensiones entre Estados Unidos y China por la influencia en el Canal de Panamá, una infraestructura clave por la que pasa cerca del 40% del tráfico de contenedores estadounidense. El Gobierno panameño, encabezado por el presidente José Raúl Mulino, defiende que ha actuado conforme a la legalidad tras el fallo judicial, mientras denuncia presiones y represalias por parte de China, como el aumento de inspecciones a buques con bandera panameña. En paralelo, Washington ha intensificado sus críticas a la presencia china en la región, y el presidente Donald Trump ha vuelto a cuestionar esa influencia. Así, la disputa por los puertos panameños trasciende lo comercial y se convierte en un nuevo episodio de la competencia estratégica entre grandes potencias en un punto neurálgico del comercio global.

inf lopez doriga